Fin para la Ley de Promoción Industrial?

Después de más de treinta años con signos de no haber logrado su objetivo la posible eliminación de los beneficios impositivos para la industria puede provocar deslocalización empresarial en Cuyo y en el NOA ocasionando el cierre de industrias que basaron su radicación exclusivamente en  incentivos fiscales. Por Lisandro Mogliati*

Luego de 33 años de implementación con su génesis en tiempos de dictadura, la estrategia de “desarrollo regional” fomentada para potenciar a las provincias de San Luis, San Juan, Catamarca y La Rioja parece estar llegando a su fin.

La “promoción industrial” consiste en el otorgamiento de fuertes ventajas impositivas para incentivar la instalación de industrias en esa región, beneficios promocionales en el Impuesto a las Ganancias y en el Impuesto al Valor Agregado (IVA), acordados en el marco de la Ley Nº 22.021, sus modificaciones y extensiones en el tiempo, que en la práctica resultan una política discriminatoria que favorece la competencia desleal en la promoción de inversiones, pues basa su atractivo en exenciones o diferimientos fiscales que pueden aplicar sólo un grupo de provincias.

Una de las más damnificadas por esta situación es Mendoza (que sorprendentemente sin los beneficios logró inversiones importantes para desarrollar su sector vitivinícola), esta circunstancia transformó al gobernador Francisco Pérez en uno de los más férreos opositores a la extensión de la “promoción industrial” que favorece a provincias vecinas y la deja en situación desventajosa en relación a la política impositiva nacional que desgrava la industria y las inversiones en sólo cuatro jurisdicciones vecinas.

El reclamo de “Paco” Pérez es acompañado también por gobernadores de La Pampa, Chaco y Santiago del Estero, entre otros, que resultan también discriminados por esta normativa.

Un argumento no menor, en favor de la eliminación de este beneficio, es que el mismo procede de una “norma” de la dictadura, justamente Videla, Harguindeguy y Martínez de Hoz, estampan su firma en el Decreto – Ley 22.021 que establece esta promoción industrial discrecional.

El fundamento de esta medida de promoción en las provincias de San Juan, San Luis, Catamarca y La Rioja se basa en generar en las economías regionales beneficiarias“procesos de acumulación de capital necesarios para crear las fuentes de trabajo que el crecimiento demográfico demande, evitando el éxodo de su población”. Por otra parte plantea “reducir la brecha entre el nivel medio de desarrollo del país y el alcanzado por las provincias beneficiarias, estableciendo incentivos que favorezcan un desarrollo equilibrado”.

En verdad la aplicación de esta ley a lo largo de más de 30 años demuestra la inconsistencia de un beneficio de este tipo, que se ha basado en una deslocalización industrial pero no en la generación de condiciones sustentables de competitividad de las industrias beneficiarias, que ante la inminencia de la eliminación de estas ventajas fiscales ya han adelantado que puede haber despidos masivos y que peligran unos 40 mil puestos de trabajo.

En definitiva este régimen denota la fragilidad de políticas basadas exclusivamente en diferimientos fiscales sin una mirada estratégica de la producción de los sectores industriales beneficiados, careciendo, por ejemplo de una complementación más firme en la internacionalización de las manufacturas producidas bajo esta norma, potenciando la integración regional y la salida de la producción por los puertos del Pacífico y no tanto para sumar mayor competencia y presión en el mercado interno, pues los centros de consumo de la Argentina están ubicados muy lejos de donde se produce bajo este régimen y los costos logísticos terminan por neutralizar el beneficios de las exenciones otorgadas.

Por otra parte, en innovación y competitividad industrial es donde deben sustentarse las ventajas que, entre otros expertos, destaca Michael Porter sosteniendo que la verdadera apuesta es la diferenciación en términos competitivos y no a partir de ventajas que no son defendibles en el tiempo, como lo es un beneficio impositivo que puede retirarse en cualquier momento.

Tal vez esta medida ayude a pensar definitivamente en una ley nacional de desarrollo industrial, basada en los planes estratégicos impulsados por el Gobierno Nacional en materia industrial y agropecuaria, permitiendo cotejar las asimetrías existentes en las distintas economías regionales y trabajar en un planeamiento que permita sostener el crecimiento del país basado en un desarrollo nacional.

El desafío de este desarrollo debe postular la diferenciación en la competitividad de sus sectores industriales, la promoción de exportaciones con valor agregado y una sustitución de importaciones en aquellos rubros que realmente presenten ventajas que puedan mantenerse en el tiempo, para cambiar la matriz productiva de manufacturas extranjeras por producción nacional en ciertos y determinados sectores de la economía, identificados y localizados a partir de una lógica de distribución de las inversiones, basada en todas las variables y no exclusivamente en un beneficio fiscal.

* Licenciado en Gestión de Negocios Internacionales