Extienden el uso de Indicadores Mínimos de Trabajadores a otras actividades económicas para detectar fraudes laborales

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) incorporó este año Indicadores Mínimos de Trabajadores (IMT) para nueve sectores económicos con el objetivo de  detectar eventuales fraudes laborales, y en los próximos meses extenderá el mecanismo a otras cinco actividades.

El área de seguridad social de la AFIP incorporó este año Indicadores Mínimos de Trabajadores (IMT) para nueve sectores económicos con el fin de detectar eventuales fraudes  laborales. En los próximos meses, la entidad, extenderá el mecanismo a otras  cinco actividades.

El director general de Recursos de la Seguridad Social, Carlos Alberto Sánchez explicó que desde su creación a fines de 2010 se dispuso la aplicación de esos indicadores a 38 sectores, a fin de "lograr la inclusión social y la igualdad de derechos de todos los  trabajadores, y combatir la competencia desleal".

Durante este año, con el objeto de determinar de oficio la cantidad de trabajadores que pudo necesitar una empresa para desarrollar su actividad, se aplicaron IMT a firmas importadoras; de forestación y  cosecha forestal (tala); aserraderos y viveros; elaboradoras y  comercializadoras de pastas frescas; productoras de tomate; haras de equinos para deporte (pura sangre de carrera) y compañías de call center.

Así mismo el funcionario agregó que “para que exista un hecho económico que implique utilizar mano de obra debe haber una cantidad mínima de  trabajadores. Yo no podría construir un edificio si no tengo los empleados para hacerlo, excepto que tenga una tecnología muy  desarrollada, pero eso lo voy a tener que demostrar”.

La aplicación de los IMT comenzó, precisamente, en el sector de la construcción de edificios de departamentos y se extendió, luego, a actividades textiles, de turismo, de engorde de ganado a corral (feed lot), producción citrícola, restaurantes y hoteles.

Durante 2011, se incorporaron jardines maternales; establecimientos geriátricos;  supermercados; estaciones de servicio; producción frutícola, yerbatera y olivícola; elaboración de aceite de oliva y de aceitunas en conserva; construcción de viviendas; panaderías; tambos; algodoneras; molinos y frigoríficos.

"Lo más importante que tiene esta herramienta es que la  determinación de relaciones laborales ilegales pasó de ser un  riesgo instantáneo (detección in situ) a que sea un riesgo  permanente en el tiempo (diez años hacia atrás)", dijo Sánchez.

En ese orden aseveró que "hoy podría encontrarme con una construcción que finalizó en 2004 y ver si sus titulares tenían los empleados necesarios para levantar ese edificio; de lo contrario, podría  presumir la cantidad necesaria de trabajadores para esa actividad,  aún cuando ya no haya relación laboral".

El área que preside Sánchez tiene previsto implementar durante este año indicadores mínimos de  trabajo en los sectores de producción de vid para vinificar;  bodegas; farmacias; combis (charters) y empaque de cebollas. Y el próximo año incorporar nuevos IMT a otras 15 actividades.

En el sector agropecuario se incluirán a los principales granos cultivados en el país (soja, maíz y trigo), además de producción de cebollas, uvas de mesa y pasas, equinos para deporte  (polo), caña de azúcar, ajo y esquila de ovinos.

También en el área industrial y de servicios se aplicarán IMT en los sectores de transporte de carga; taxis; lavaderos de autos; fábricas de galletitas y bizcochos; y curtiembres.

Tras la implementación, el organismo recaudador ya completó 122 controles sobre 277 fiscalizaciones iniciadas, logrando registrar 268 empleados, la mayor parte de oficio, y se cobraron más de 5 millones de pesos por los ajustes realizados a los empleadores.

Según Sánchez, “la presunción es una herramienta legal que data de 2005, al  igual que las que se usan en materia tributaria, y a los valores  criterio y de referencia de la Aduana, pero que nunca se habían  aplicado en materia laboral”. Además, destacó que "innovamos en este sentido y somos  líderes en lo que es el desarrollo de esta herramienta, como  pudimos comprobar en nuestro trabajo con el Centro Interamericano  de Administraciones Tributarias (CIAT)".

"Al resto de los países le parece muy novedosa la posibilidad de contar con una herramienta que permita crear riesgo al  defraudador y fiscalizar el empleo no registrado, sin tener que  hacer inspecciones en el lugar", concluyó el funcionario.